La tarde caía lentamente sobre la plaza de la parroquia Quisapincha, al suroccidente de Ambato. En medio del bullicio de la gente y de las voces que iban y venían, una mujer permanecía en silencio. Sus ojos no se apartaban de sus dos hijos, rodeados por comuneros que los señalaban como responsables de un robo. Tenía el rostro marcado por la tristeza y la preocupación. No solo veía cómo sus muchachos eran juzgados ante todos; también pensaba en cómo reunir el dinero que exigían para que pudieran recuperar su libertad.
Los dos jóvenes, de 22 y 25 años, nacidos en la provincia de Bolívar, pero radicados en esa parroquia hace algunos años, habían sido descubiertos tras el robo de varias partes de un automóvil perteneciente a un comunero. El hecho, según las versiones de los habitantes del sector, ocurrió la madrugada del lunes 16 de marzo.
El propietario del vehículo se percató de lo sucedido y de inmediato pidió ayuda a los vecinos. En Quisapincha, dicen los comuneros, la gente está cada vez más alerta frente a quienes llegan con malas intenciones. La reacción fue rápida. En poder de uno de los jóvenes se encontraron las piezas robadas, mientras que su hermano fue retenido cuando conducía un automóvil.
Horas después, el Concejo de Gobierno de la parroquia se reunió en el centro de la comunidad. Tras deliberar, los dirigentes y comuneros tomaron varias resoluciones con la intención de sentar un precedente y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Entre las decisiones adoptadas se dispuso que los implicados pagaran 370 dólares al propietario del vehículo como compensación por los daños causados.
Sin embargo, la historia no terminaba allí. Los comuneros recordaron que el hermano menor ya había sido señalado en un caso de robo el año anterior. En aquella ocasión, habría ingresado a una vivienda y sustraído un televisor. También fue retenido entonces y se comprometió a pagar el valor del aparato, pero nunca cumplió con el acuerdo.
Por esa razón, al sumar las sanciones pendientes con la nueva multa, entre ambos hermanos tuvieron que reunir más de 1 500 dólares.
En medio de la tensión, la esposa de uno de los detenidos se acercó a los comuneros para pedir clemencia. Con la voz entrecortada, suplicó que no incineraran el vehículo en el que se movilizaban, pues aseguró que estaba a su nombre. Dijo provenir de una familia honrada y prometió que no volvería a ocurrir algo así.
La situación fue distinta para el otro joven. Su pareja y algunos familiares, en un inicio, se mantuvieron al margen. Sin embargo, los comuneros exigieron que se presentaran la esposa y la suegra, pues —según dijeron— conocían bien los pasos que daba el implicado. Por ello también recibieron una sanción comunitaria.
Mientras todo esto ocurría, la madre de los jóvenes seguía observando en silencio. Era una mujer humilde que parecía cargar el peso de la vergüenza y la preocupación. Con la ayuda de otros familiares lograron reunir el dinero exigido, pues se había advertido que, si no pagaban esa misma tarde, el vehículo quedaría retenido.
Finalmente, en la plaza central de la parroquia, los dos hermanos fueron sometidos al proceso de purificación que aplican las autoridades comunitarias. A ellos se sumaron varias personas que en ese momento se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el parque, ya que los comuneros también quisieron enviar un mensaje frente al consumo excesivo de licor en la zona.
La escena quedó marcada por la indignación de muchos habitantes, quienes aseguran que la débil seguridad y la presencia constante de robos han provocado que la propia comunidad tome medidas para defenderse.
Entre la multitud que observaba, la madre de los jóvenes seguía allí, mirando cómo la historia de sus hijos quedaba expuesta ante todos, en una plaza donde la justicia comunitaria buscaba, una vez más, dar ejemplo a los niños y jóvenes del lugar.
